El Consejo de la Juventud de España ve equivocada la Reforma educativa y rechaza la falta de diálogo del Gobierno

El Consejo de la Juventud de España (CJE) lamenta que estemos ante la séptima reforma del sistema educativo con el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad de la Educación, presentado y acusa al Ministerio de Educación de no haber hecho “ningún intento de debate, reflexión ni consenso con la Comunidad Educativa, aprovechando el descanso estival”. A juicio del CJE, éste,  el gobierno pretende imponer su concepción de la educación sin contar con el conjunto de la sociedad. Por el contrario, el Consejo de la Juventud de España viene reclamando desde hace años un Pacto entre partidos y agentes sociales que apueste por la Educación, con mayúsculas, como mejor herramienta para garantizar el desarrollo de un país.

Por otra parte, este organismo considera que el anteproyecto parte de una hipótesis equivocada, basada en los resultados que el informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) ofrece sobre nuestro país. Sin embargo, el ministro ha pasado por alto que País Vasco y Castilla y León obtienen, con el mismo sistema educativo, resultados superiores, cerca de la media de la OCDE. Por tanto, a juicio del CJE, “el problema no es el modelo sino cómo se aplica”. Además, desde el CJE creemos que difícilmente esta reforma aportará una mejora de la calidad educativa si se suma a los recortes realizados en educación.   Igualmente, el Consejo de la Juventud de España, no está de acuerdo con el recorte en participación de los Consejos Escolares en los Centros Educativos. La democratización de la gestión de la Educación no es un problema de la calidad, ni de los resultados en nuestro Sistema Educativo. Países como Finlandia, con el mejor resultado en PISA, tienen sistemas de control y participación social similares. Esta propuesta del Ministerio iría en contra de lo recogido en el artículo 27.7 de la Constitución Española y nos sumamos a las reclamaciones de la Comunicada Educativa que piden dignificar su papel en la Educación.

Así mismo, el CJE ve preocupante la reforma del acceso a la Educación Superior Universitaria, porque se quita la selectividad para poner un doble examen instaurando una reválida al final del bachillerato y la opción de que cada Universidad imponga sus pruebas. Esto es más injusto que la antigua selectividad, porque obliga al alumnado a realizar un mayor número de pruebas en función de su interés de acceso, con su consiguiente desplazamiento y desembolso de los costes derivados en un momento de crisis. Además, las pruebas serán muy desiguales en función de la oferta de plazas y la demanda en las universidades y titulaciones más solicitadas pudiendo impedir un acceso en equidad.   Por último, el Consejo de la Juventud de España espera que el Ministro de Educación, Cultura y Deporte demuestre el ánimo de consenso y diálogo del que hizo gala en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados y durante la tramitación parlamentaria del anteproyecto sea capaz de lograr el consenso y la estabilidad que la Educación en nuestro país tanto necesita y como tienen todos los países que gozan de buenos resultados en los informes internacionales.

Stop Ley Wert

Ciudadan@s por la Educación Pública manifiesta su más absoluto rechazo al anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) por las siguientes razones: Por su carácter profundamente antidemocrático,

En el proceso de elaboración de la ley (de espaldas a la comunidad educativa, a los grupos sociales y políticos, a las Comunidades Autónomas). En la organización de los centros docentes, en que una dirección nombrada a dedo por la Administración pasa a tener poderes absolutos en la gestión de los mismos.

Por su concepción mercantil de la educación, que antepone las necesidades de los mercados a la formación integral de niñas y niños, y a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.

Por utilizar la educación como herramienta para la segregación y la exclusión. Por todo ello, pedimos la retirada del anteproyecto de ley y la apertura de un período de verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo consensuado y sostenible. Apoya la propuesta de detener la ley: http://www.yoestudieenlapublica.org/stop.php

Por otra política educativa

Un grupo de profesionales de la educación, la mayoría profesores y profesoras de universidad, reunidos en Sevilla los días 26 y 27 de octubre de 2012, preocupados por la situación del sistema educativo y alarmados por la evolución de la política educativa, con objeto de animar el debate y de generar un compromiso con la mejora declaramos:

1. EDUCACIÓN. En contra del sesgo economicista del anteproyecto de LOMCE, el objetivo de la educación comprende el desarrollo humano y la cohesión social. Mujeres y hombres deben poder formarse como personas completas, ciudadanos responsables y trabajadores cualificados. La sociedad precisa de la escuela para asegurar niveles adecuados de bienestar, libertad, justicia y equidad.
2. DEBATE. Necesitamos un auténtico debate nacional que permita la reconstrucción, en su caso la refundación, del sistema educativo sobre la base de un amplio acuerdo social y no, tras la negativa a un pacto de Estado, una ley revanchista e ideológica, sin diálogo con la oposición ni con el mundo de la educación, apenas maquillada con un nada fiable foro virtual.
3. ESCUELA PÚBLICA. La escuela es la columna vertebral de la ciudadanía. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual, y el gobierno emite alarmantes señales de desdén por la escuela pública y apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de las administraciones es articular un sistema público de educación igualitario y efectivo con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el privado.
4. CALIDAD. No existe un consenso sobre la noción de calidad educativa. Se está imponiendo una visión restringida a las calificaciones obtenidas en exámenes y pruebas, internas y externas, de papel y lápiz, basadas en una concepción factual y declarativa del conocimiento que empobrece el sentido del aprendizaje y la educación. Los resultados escolares entendidos así no son un indicador sostenible de la calidad educativa.
5. FRACASO. El fracaso no es anónimo; tiene nombre, historia y cultura. No se produce súbitamente. Es el resultado de un proceso que se puede identificar y prever. Tiene que ver con el tipo de contenido, descontextualizado y sin sentido, que se enseña y evalúa y con un proceso de enseñanza y aprendizaje que no facilita ni promueve que el alumnado establezca conexiones y elabore sus propios significados y conocimientos.
6. SOLIDARIDAD. La respuesta al elevado fracaso escolar, y el subsiguiente abandono, no debe ser naturalizarlo sino, por el contrario, concentrar medios diferenciales y adicionales sobre grupos e individuos en riesgo, es decir, perseguir los objetivos comunes con medios cuantitativamente superiores y cualitativamente más adecuados. Por contra, la ley acepta ese fracaso como inevitable y el gobierno elimina los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad, abandonando a su suerte a los alumnos más vulnerables.
7. REPETICIÓN. Lejos de abordar el problema de la repetición de curso, que España encabeza en Europa de forma exagerada, se ha mostrado indiscutiblemente ineficaz, resulta económicamente costosa e ineficiente y constituye una de las principales causas endógenas del fracaso escolar, el gobierno parece querer ampliarla, sistematizarla y convertirla en el determinante de la segregación temprana.
8. ITINERARIOS. Se adelanta la edad en la que se crean itinerarios de hecho irreversibles. Se pretende segregar al alumnado desde 3º de ESO, a los catorce años, reduciendo en dos el tronco común, y convertir la primera orientación hacia la formación profesional en una vía muerta, repitiendo así el error de la LOGSE, y se añaden mecanismos que amenazan con adelantar la segregación al segundo curso. La mayoría de países cuya comprensividad llega a los dieciséis obtienen mejores resultados que los que segregan a edades más tempranas. La segregación del alumnado con peores resultados se traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una profecía autocumplida.
9. EVALUACIÓN. En la educación obligatoria la evaluación debe tener un claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente, sancionadora y de control –como plantea el anteproyecto-, basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, es contraria a su sentido educativo y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión. La evaluación del sistema requiere una revisión a fondo para garantizar que la sociedad y la comunidad escolar dispongan de información relevante, a través de procesos transparentes y democráticos.
10. RECURSOS. Sin entrar en sus causas, sabemos que los efectos individuales y colectivos de la crisis se concentran en las personas y países con menor nivel de formación. Sabemos que la economía que resurja de ella y los nuevos empleos no serán los mismos, sino que requerirán una fuerza de trabajo más cualificada. Por ello es esencial, precisamente en tiempos de crisis, un esfuerzo cuantitativo y cualitativo en educación.
11. AJUSTES. Conscientes de que es más necesario que nunca mejorar la eficacia y la eficiencia en el empleo de los recursos, entendemos que hay margen para mejorar el trabajo de los educadores. Hoy es más importante el esfuerzo de todos, incluida la colaboración entre las administraciones y el profesorado, con más y mejor aportación presupuestaria y profesional, así como una reorganización flexible de los centros. Pero no se puede confundir una política de racionalización y modernización con una de recortes indiscriminados.
12. SERVICIOS. Los gobiernos central y autonómicos están recortando partidas que consideran no esenciales: comedores, rutas, libros de texto, actividades extraescolares o la jornada escolar misma. Sin embargo, en medio de esta crisis y sabiendo cómo afectan al desempeño escolar las condiciones de vida, la opción debe ser la opuesta: asegurar la gratuidad de transporte, comedor y material escolar, así como evitar la intensificación de la jornada escolar y propiciar un horario de apertura más amplio.
13. CIUDADANÍA. La ciudadanía requiere acceder a conocimientos y desarrollar actitudes acordes con el carácter liberal, democrático y social de nuestro Estado de derecho. Es decir, que propicien el respeto a la ley y las normas de convivencia, la aceptación de otras opciones y formas de vida admitidas por la Constitución y las leyes, un compromiso participativo con la democracia, y la cohesión y la solidaridad sociales. Esto exige un consenso sobre ideas y valores compartidos y tolerancia activa hacia otros no compartidos.
14. SEGREGACIÓN. La LOMCE avala la segregación por sexos en centros concertados, hoy fundamentalmente centros promovidos por organizaciones ultraconservadoras. La escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género.
15. CCAA. Leyes y políticas deben respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas, en vez de utilizarse como instrumentos de centralización, uniformización y control burocrático. Esto no es óbice para reclamar transparencia, movilidad, coordinación y coherencia en todo el ámbito del estado.
16. AUTONOMÍA. Es necesario responder a las necesidades de la comunidad con autonomía curricular, organizativa y de recursos. La autonomía no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al aprovechamiento diferencial de los recursos. Requiere un proceso de responsabilización social, lo opuesto a la merma de la participación que supondría la conversión de los consejos escolares en meros órganos consultivos.
17. TRANSPARENCIA. El sistema resulta en muchos aspectos opaco para los profesionales, la comunidad escolar y la sociedad. Se precisa potenciar al máximo la transparencia, permitiendo el acceso a la información sin otra restricción que el respeto a la propia imagen y la intimidad. Hay que desarrollar indicadores fiables del desempeño docente, el funcionamiento de los centros, la implementación de proyectos, los resultados de programas y políticas y el estado general del sistema, pero sin distorsionar con ellos los procesos de enseñanza y aprendizaje.
18. PARTICIPACIÓN. La participación es un derecho de las personas y un principio constitucional. Debe reforzarse como forma de pertenencia, motivación, concienciación, formación y corresponsabilidad social. Resulta imprescindible potenciar la libertad de pensamiento y de expresión del alumnado, así como su autoorganización y participación en la vida del centro. La participación exige poder de decisión. lo opuesto al control autoritario. Nos preocupan signos evidentes de empobrecerla y recortarla presentes en el texto de la LOMCE.
19. DIRECCIÓN. Se ha de acentuar el carácter pedagógico de la dirección (coordinación, innovación…) frente a la visión gerencial del anteproyecto. La dirección ha de garantizar el ejercicio de deberes y derechos de la comunidad y la elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto educativo de centro, y no debe ser un mero representante de la Administración o del claustro docente. Un liderazgo compartido es más coherente con el carácter de la escuela.
20. PROFESORADO. El sistema educativo se funda en la confianza en el docente y su capacidad profesional. Por ello merece apoyo y reconocimiento en el ejercicio de su función, más en momentos de cambio social e incertidumbre. Debe tener un compromiso claro con sus alumnos, su centro y la educación misma, y una actitud cooperativa con las familias y la comunidad. Las actuales condiciones y propuestas legislativas derivan competencias a otros agentes, expropiando aspectos centrales de su labor. Es fundamental mejorar formación, selección, desarrollo profesional y evaluación.

Esperamos que esta declaración contribuya a impulsar la reflexión y el diálogo así como un compromiso generador de esperanza y de optimismo. Nada puede ser peor que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada.

Sevilla, a 27 de octubre de 2012

Campaña en defensa de la educación pública

Campaña en defensa de la educación pública. Vídeo realizado por: Yo estudié en la Pública  tamnién podéis seguirlos en twitter @YoEpublica

 

Cómo pintaré lo que siento

Fantástico vídeo de +Artísticas podeís seguirlos ademas en twitter @masartisticas

«Los informes internacionales no justifican los cambios educativos»

Artículo publicado por Carlos López Cortiñas el pasado 5 de Octubre en El País. 

Durante el curso pasado, y como consecuencia del cambio de Gobierno y de sus prioridades, la educación se vio sometida, al igual que otros sectores, a los rigores de la crisis y a las exigencias del cumplimiento del déficit. Actualmente, el PIB que se dedica a educación ha sufrido una rebaja de seis décimas, pasando del 4,9 al 4,3% y con la previsión, según se recoge en el documento presentado en Bruselas por el propio Gobierno español, de seguir disminuyendo hasta llegar al 3,9% en el 2015.

Este rigor presupuestario, y no “la racionalización en el gasto”, es el que está vapuleando a la comunidad educativa y, más concretamente, al profesorado que lleva sobre sus espaldas un peso doble: el de ser empleado público y docente.

Además, este será el año del cambio de la ley educativa. De nuevo se cumple la premisa: “a Gobierno nuevo, nueva ley”.

Las leyes anteriores, tanto la LGE de 1970, la LOGSE de 1990 y la propia LOE de 2006, fueron precedidas de los denominados “libros blancos de educación”, documentos presentados por los Gobiernos de turno a la sociedad, con la intención de fomentar el debate, argumentar y fundamentar los diferentes planteamientos, e implicar a la comunidad educativa en la elaboración de la propia ley. Ahora, sin embargo, se nos entrega un “esquema” que apenas contiene fundamentación, a pesar de su gran calado, y con una tramitación que se persigue que sea lo más rápida posible.

El Ministro de Educación, en la Conferencia de Ministros Iberoamericanos del gremio, afirmó que “existe una alta correlación entre el adelantamiento de la edad para elegir la vía académica o la vía profesional y la reducción del abandono educativo temprano. Es decir, que la flexibilidad del sistema es una de las claves del éxito”.

El ministro tergiversa la realidad de una forma sesgada e interesada.

En Europa existen tres tipos de estructura de las etapas educativas y la organización de estas etapas no influye sobre los buenos resultados académicos, aunque la Comisión Europea de Educación nos advierte de que la elección temprana agrava las diferencias por origen social.

Wert tiene idealizado el sistema educativo alemán por su formación profesional dual y bien es cierto que la FP tiene un prestigio reconocido, sin embargo, en Alemania el alumnado elige el itinerario académico a los 10 años y si nos centramos en los resultados académicos de sus alumnos de 15 años, puntúan por debajo de la media de la OCDE.

Muchos de los cambios que pretende introducir la nueva ley van dirigidos a entender la calidad educativa exclusivamente por sus resultados, bien hipotecando la formación íntegra del alumno con la intención de mejorar los resultados en PISA, o tratando de obtener las capacidades básicas para el empleo, olvidándose del mandato constitucional que establece como el fin de la educación “el pleno desarrollo de la personalidad del alumno”.

El ministerio ya ha demostrado que basa muchos de sus cambios en los resultados que obtienen nuestros alumnos en las evaluaciones e informes internacionales. Y sin negar las debilidades de nuestro sistema educativo, considero que se hace una lectura distorsionada y descontextualizada de dichos documentos.

Así ocurre con el Informe PISA donde, a pesar de que la mitad del alumnado obtiene resultados por debajo de la media, también hay que señalar a ese otro grupo de estudiantes, de más del 50% de las comunidades autónomas, que tienen un rendimiento medio-alto. Por tanto, sería más recomendable analizar las causas que conducen al fracaso de unos, sin tocar el desarrollo de aquellos otros que obtienen buenos resultados.

Algo parecido ocurre en el caso de la OCDE, donde además de reconocer la rápida conversión de nuestro sistema educativo en un instrumento eficaz de cohesión social, también nos recuerda las altas tasas de fracaso escolar a pesar de que la media en España ha disminuido en cinco puntos en los últimos años.

En el informe sobre “la equidad y la calidad”, la OCDE nos propone:

– Eliminar la repetición de curso, por caro e ineficaz. España es de los países que más repiten, de hecho, el 35% de los alumnos que terminan la ESO lo han hecho alguna vez. El PP no solo no elimina las repeticiones, sino que propone una carrera de obstáculos para el alumno, a través de las pruebas externas.

Es cierto que en la mayoría de los países de la UE se realizan pruebas nacionales en Educación Obligatoria (primaria o secundaria). Estas pruebas pueden ser obligatorias para todo el alumnado o bien aplicadas solo a grupos como muestras, dependiendo de su finalidad. Los objetivos principales de las mismas varían. Los más repetidos son: control y seguimiento de los centros y/o del sistema educativo, identificar las necesidades individuales de aprendizaje y tomar decisiones sobre la trayectoria educativa de los alumnos. Parece ser que no es esta la intención del señor Wert.

Solamente en la comunidad de habla alemana de Bélgica, Grecia, Gales (Reino Unido), República Checa y Liechtenstein no aplican ningún tipo de prueba nacional.

– Evitar la separación temprana del alumnado. Con las propuestas del PP, los alumnos empezarán a separarse a partir de los 12 años.

Según datos de EURYDICE y aunque existen una gran variedad de premisas a la hora de promocionar en los países europeos, algunos países como Alemania y Suiza separa a una edad temprana a los alumnos (10 -12 años), Países Bajos a los 12 y Francia a los 15 años. Los estudios realizados sobre “Actuaciones de Éxito en las escuelas europeas” por el Proyecto INCLUD-ED concluyen que la separación en itinerarios antes de los 16 años genera desigualdades y que, cuanto antes se realiza, mayores son estas desigualdades. En la mayoría de los países que han implantado itinerarios educativos antes de los 16 años las diferencias en los resultados obtenidos entre alumnado de 9 años de edad aumentaron a la edad de 15, cuando realizaban las pruebas de PISA.

En Suecia y Finlandia se emprendieron reformas educativas para retrasar la separación del alumnado y el resultado fue una mejora en el nivel de estudios alcanzado por el alumnado de ambos países. Así pues, si el ministro Wert hiciese caso de estos informes debería atender estas premisas.

– Gestionar la elección de centro desde las administraciones educativas para evitar aumentar las desigualdades. Los centros a través de la especialización curricular podrán elegir al alumnado). Por tanto sí habrá selección del alumnado.

– Los recursos dedicados a la educación influyen de manera determinante en el proceso de aprendizaje. Los recortes influirán negativamente en nuestro sistema educativo, como ya percibimos en este comienzo de curso con menos profesores por centro, más aulas prefabricadas, encarecimiento de la educación… Para 2013, la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a Educación se ha visto recortada en un 14,4%.

Si leemos y analizamos las propuestas del ministerio, recogidas en el borrador del anteproyecto de ley, responden más a un planteamiento ideológico de la educación para rebajar la igualdad de oportunidades, que a reorientar la educación en base a las recomendaciones que emanen de los informes de la OCDE. El ministro no solo utiliza según le conviene los informes internacionales sino que hace caso omiso de aquellas cuestiones que no coinciden con las estructuras organizativas que él mismo propone.

Seguimos en la lucha…

Para empezar os dejo un artículo de Alejandro Tiana, Catedrático de Educación de la UNED, publicado el pasado 12 de Octubre de 2012 en ESCUELA. Seguimos…